sábado, 19 de septiembre de 2026

ESPAÑA: "LA HISTORIA DEL TERMINO 'ORO DE MOSCU' QUE NO ES MAS QUE LAS 510 TONELADAS DE ORO DEL BANCO CENTRAL DE LAS RESERVAS DE ESPAÑA DE LA II REPUBLICA DE ESPANOLA'

 


El 14 de septiembre de 1936, durante la guerra civil, el gobierno republicano comenzó a extraer el oro del Banco de España y trasladarlo en camiones hasta el puerto de Cartagena, para posteriormente enviarlo por barco a la Unión Soviética. Es el conocido como el "Oro de Moscú". 




El término Oro de Moscú, u Oro de la República, se refiere a la operación de traslado de 510 toneladas de oro, correspondientes al 72,6 % de las reservas de oro del Banco de España, desde su depósito en Madrid hacia la Unión Soviética, a los pocos meses del inicio de la guerra civil española, por orden del gobierno de la II República, presidido por Francisco Largo Caballero (PSOE), y a iniciativa de su ministro de Hacienda, Juan Negrín, así como a las posteriores gestiones relacionadas con su venta a la URSS y la utilización de los fondos obtenidos. La cuarta parte restante de la reserva del Banco (193 toneladas), fue trasladada a Francia y también vendida en su mayor parte, una operación que, por analogía, se conoce como el «Oro de París».


Este oro trasladado a la URSS tendría actualmente un valor mínimo bruto de 65.500 millones de dólares (en términos del año 2026).


Pocos meses antes del inicio de la Guerra Civil la reserva española de oro había sido registrada por las estadísticas internacionales en mayo de 1936 como la cuarta más grande del mundo. Fue acumulada principalmente durante la Primera Guerra Mundial, en la que España se mantuvo neutral. Gracias a los estudios de la documentación del Banco de España, se conoce que estas reservas estaban constituidas en su mayor parte por monedas, extranjeras y españolas, mientras que la fracción de oro era menor al 0,01% y mucho menor la cantidad de oro en barras pues tan solo había 64 lingotes.


En 1936, el Banco de España estaba constituido como sociedad anónima por acciones (al igual que sus homólogos francés e inglés) con un capital de 177 millones de pesetas, el cual se hallaba distribuido en 354.000 acciones nominativas de 500 pesetas cada una. A pesar de que el banco y sus reservas no eran de propiedad estatal -pues no devendrían en tales hasta la promulgación del Decreto-Ley 18/1962 del 7 de junio de 1962, sobre Nacionalización y Reorganización del Banco de España-, la institución estaba sometida al control tanto del gobierno, quien designaba al gobernador, como del Ministerio de Hacienda que nombraba a varios miembros del Consejo General del banco.


La Ley de Ordenación Bancaria (LOB) del 29 de diciembre de 1921 (o Ley Cambó) intentó por vez primera ordenar las relaciones entre el Banco de España como banco central y la banca privada. En la ley se regulaban también las condiciones para la movilización por parte del Banco de las reservas, el cual debía contar con la preceptiva autorización del Consejo de Ministros. Aunque autores como Pío Moa consideran que el traslado del oro violaba claramente la Ley Cambó, en opinión de Ángel Viñas la aplicación laxa de la misma por parte del gobierno republicano fue válida, basándose en los testimonios del que fuera último ministro de Hacienda de la Monarquía, Juan Ventosa y Calvell, que la juzgaba, poco antes del golpe militar, demasiado ortodoxa, limitando las posibilidades de crecimiento de la economía del país. Para Viñas -que evita entrar en aspectos jurídicos- la situación excepcional creada por la rebelión explicaría el cambio de actitud con respecto a la Ley Cambó por parte del gobierno, que pasó a ejercer los mecanismos necesarios para realizar una nacionalización parcial encubierta del Banco de España, guiado por la máxima «Salus patriae, suprema lex»- Otros historiadores, como Sardá, Miralles o Moradiellos, coinciden con esta interpretación.


Iniciada la guerra civil, el gobierno francés emitió la propuesta a la comunidad internacional para la adopción de un «Acuerdo de No Intervención en España», inicialmente suscrito por la Unión Soviética, Portugal, Italia y el Tercer Reich. No obstante, estas tres últimas naciones mantuvieron su apoyo logístico y material al bando sublevado. En el terreno de las hostilidades, durante los meses de agosto y septiembre de 1936 las fuerzas sublevadas lograron importantes avances, consolidando la frontera portuguesa tras las batalla de Badajoz del 14 de agosto y cerrando la vascofrancesa, tras la entrada en Irún del 4 de septiembre de 1936. Este avance coincidió con un progresivo viraje de la política de la URSS hacia una intervención activa. Se emprendió entonces el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República española y el nombramiento del primer embajador soviético en Madrid. Pero ante la imposibilidad de abastecerse de armamento en el extranjero, el gobierno republicano llevaría a cabo una operación largamente debatida entre los historiadores.


El 13 de septiembre se firmó un decreto reservado del Ministerio de Hacienda, previamente aprobado por unanimidad por el Consejo de Ministros y emitido a iniciativa del nuevo ministro, Juan Negrín, por el cual se autorizaba el traslado de las reservas metálicas del Banco de España y se preveía una futura rendición de cuentas a las Cortes que nunca llegó a producirse (entre otras razones, por su carácter reservado y por la derrota definitiva de la República en la guerra que provocó la desaparición del Parlamento democrático, aunque en 1956 Rómulo Negrín entregaría al régimen franquista los documentos en poder de su padre, a la muerte de éste, que justificaban la operación).


Menos de 24 horas después de la firma del decreto, la madrugada del 14 de septiembre de 1936 entraron en el Banco fuerzas de carabineros y milicias, enviadas por el Ministerio de Hacienda de acuerdo con los comités de la UGT y de la CNT en el mismo Banco. Dirigió la operación de apropiación el entonces director general del Tesoro y futuro ministro de Hacienda en el gobierno de Negrín, Francisco Méndez Aspe. Le acompañaban el capitán Julio López Masegosa, cincuenta o sesenta metalúrgicos y cerrajeros y un grupo de empleados de banca pertenecientes al Sindicato de Madrid, cuyo presidente era Amaro del Rosal, futuro director de la Caja General de Reparaciones. El cajero principal, al ver que la reserva de oro iba a ser evacuada, se suicidó en su despacho.


Obtenidas las llaves, se abrieron las cajas y cámaras donde se custodiaban las reservas, y durante varios días los agentes del Gobierno estuvieron extrayendo todo el oro allí depositado. El metal precioso se colocó en cajas de madera de 30,5 x 48,2 x 17,7 cm, las utilizadas habitualmente para el transporte de municiones, que no estaban numeradas ni acompañadas de facturas que indicasen cantidad, peso o contraste del oro. Las cajas fueron transportadas en camiones a la Estación del Mediodía, y desde allí a Cartagena, donde se depositaron en los polvorines de La Algameca. La elección de Cartagena lógica, ya que se trataba de una gran base naval, pertrechada y defendida adecuadamente, un tanto alejada del teatro de operaciones y desde la cual cabía la posibilidad de, llegado el caso, transportar por vía marítima las reservas a algún nuevo lugar.


El traslado por vía férrea hasta Cartagena fue protegido por la «Brigada Motorizada» del PSOE. A los pocos días de la extracción del oro del Banco de España, los mismos funcionarios, utilizando idénticos procedimientos a los empleados con el oro, recogieron la plata, por una cuantía total de 656.708.702,59 pesetas, que fue vendida a los EE. UU. y a Francia entre junio de 1938 y julio de 1939 por una cifra algo superior a 20 millones de dólares (una parte fue embargada por las autoridades francesas).


Con la reserva de oro en lugar seguro, a cientos de kilómetros del frente, parecía que se había cumplido el mandato del Decreto Reservado del 13 de septiembre. Desde el bando sublevado, enterados del traslado del oro, se calificó el hecho de «expolio» y protestaron internacionalmente. Su destino final no estaba decidido todavía. El Consejo de Ministros de la República había autorizado la eventual salida del oro del país, aunque sin especificar destino alguno.


El 15 de octubre Negrín y Largo Caballero decidieron trasladar el oro de Cartagena a Rusia. El acuerdo entre los dos gobiernos lo firmaron Largo Caballero y el señor Rosengolz, comisario de Finanzas del gobierno soviético. La operación para transferir parte del oro al Gosbank fue hecha estrictamente de acuerdo con la Ley de Ordenación Bancaria vigente desde la época de la monarquía. Aunque no era constitucionalmente necesario, Negrín insistió en que Azaña fuese informado detalladamente; el presidente expresó de forma vehemente su satisfacción con la operación al primer ministro y al ministro de Hacienda: «Han quitado ustedes un gran peso de mi corazón», afirmó. El 20 de octubre, el director del NKVD en España, Alexander Orlov, recibió un telegrama cifrado de Stalin ordenándole organizar el envío del oro a la URSS y concertar los preparativos con Negrín.


El oro tardó tres noches en ser embarcado, y el 25 de octubre los cuatro barcos se hicieron a la mar rumbo a Odesa, puerto soviético del Mar Negro. Acompañaban a esta expedición, como personas de confianza, cuatro claveros del Banco de España (un clavero era un custodio de las llaves de las cajas fuertes del Banco): Arturo Candela, Abelardo Padín, José González y José María Velasco. Cabe indicar, asimismo, que Orlov había reseñado 7900 y Méndez Aspe 7800 cajas; el recibo final fue por 7800, y no se sabe si fue un error o desaparecieron 100 cajas de oro.


Otra polémica levantada al respecto es la justificación de un traslado a México de bienes incautados por la Caja General de Reparaciones al término de la guerra, en el que se incluían, entre otras cosas "Depósitos Banco de España y lingotes oro"; Se trataría del conocido "Tesoro del Vita", embarcación adquirida por la República a tal efecto.


El convoy puso rumbo a la URSS, y la noche del 2 de noviembre Stalin se encontró con que habían arribado a Odesa tres barcos cargados con oro —el Kursk se retrasaría unos días por avería—, concretamente con 5779 cajas de metal precioso. El oro, custodiado por el 173 regimiento del NKVD, se trasladó inmediatamente al Depósito del Estado de Metales Preciosos del Comisariado del Pueblo para las Finanzas (Gojrán), en Moscú, donde fue recibido en calidad de depósito de acuerdo a un protocolo, fechado el 5 de noviembre, por el que se nombraba una comisión receptora formada por los representantes del Comisariado de Finanzas, J.V. Margoulis, director del Servicio de Metales Preciosos, O.I. Kagán, director del Servicio de Divisas, el representante del Comisariado de Negocios Extranjeros y el embajador español en la Unión Soviética, Marcelino Pascua. El oro arribó a la capital soviética un día antes del 19.º aniversario de la revolución de octubre. Entre los días 6 y 7 tuvo lugar la llegada y aceptación de las cajas que contenían metales preciosos de acuerdo con «la declaración verbal del embajador de la República Española en Moscú... y de los empleados del Banco de España que acompañan el convoy... (puesto que) las cajas no están numeradas ni provistas de facturas de acompañamiento que hubieran indicado la cantidad, el peso y el contraste del metal». Según Orlov, Stalin celebró la llegada del oro con un banquete al que asistieron miembros del Buró Político en el que habría dicho: «Los españoles no verán su oro nunca más, como tampoco ven sus orejas», expresión que tomó de un proverbio ruso.


En el Archivo Histórico del Banco de España se conservan los documentos del llamado «dossier Negrín», entre los que se encuentran los registros contables e informaciones sobre las cuentas de la operación y que fueron entregadas por su hijo, Rómulo Negrín al gobierno de Franco el 18 de diciembre de 1956. Esta documentación ha permitido a los investigadores reconstruir lo que ocurrió tras la recepción de las reservas españolas en Moscú, cuando los soviéticos fundieron las monedas, transformándolas en barras de baja aleación de oro (cobrando un precio exorbitante por hacerlo) y aprovisionando, a cambio, las cuentas bancarias de la Hacienda de la República en el extranjero.


Con el oro español depositado en Moscú, los soviéticos mudaron el carácter de su ayuda y reclamaron inmediatamente al Gobierno republicano el pago de los primeros envíos, que aparentemente habían llegado como un regalo para combatir al fascismo internacional. Stashevski reclamó a Negrín 51 millones de dólares de deuda acumulada y los gastos de transporte del oro de Cartagena a Moscú. En la zona sublevada, las ayudas alemana e italiana tampoco fueron desinteresadas y tuvieron que ser pagadas, si bien alemanes e italianos permitieron que Franco fuese satisfaciendo la deuda una vez acabada la guerra.


Los historiadores que han accedido al Archivo y al «dossier Negrín» creen que se puede afirmar que los soviéticos no abusaron de su posición ni estafaron a los españoles en las transacciones financieras, pero que tampoco hicieron concesión alguna; en palabras de María Ángeles Pons: «nada obtuvo gratis la República de sus amigos rusos» pues se encuentran registrados todo tipo de gastos y servicios facturados al gobierno. Sin embargo, autores como Gerald Howson sostienen la existencia de una estafa soviética en la gestión del depósito en Moscú, en la idea de que Stalin habría hinchado el precio del material de guerra vendido manipulando los cambios de rublos a dólares y de dólares a pesetas, cargando los tipos de cambio internacionales hasta un treinta y un cuarenta por ciento. En todo caso, Negrín ni estudió ni custodió los comprobantes de las compra de material militar para asegurarse de que fuese el necesario, y no el que los consejeros soviéticos consideraban oportuno, para asegurar su correcta distribución en el frente y para asegurar su calidad y precio.


También se habla del poder omnímodo que ejercieron entonces los comunistas, aprovechando la presión que podía ejercer la Unión Soviética con el control del oro. Según José Giral, a pesar de tener pagadas todas las compras de armamento, la Unión Soviética no enviaba ningún material si el gobierno de la República «no accedía antes a que fueran entregados a los comunistas importantes puestos militares y policíacos».


Ángel Viñas llegó a la conclusión de que el depósito de oro se agotó menos de un año antes del final de la Guerra Civil, gastándose íntegramente en pagos de armamento (incluyendo los costes de la operación). Autores como Martín-Aceña u Olaya Morales critican los modelos hipotéticos de Viñas, que en su opinión carecen de pruebas que los validen al cien por cien, resultando por el momento imposible afirmar si fue así. Si, efectivamente, el depósito de oro fue íntegramente vendido a los soviéticos, queda no obstante sin responder la cuestión del gasto de todas las divisas generadas por la venta del oro y transferidas a la Banque Commerciale de l'Europe du Nord de París, ya que no se ha encontrado ningún documento, soviético o español, referente a tales operaciones. Martín-Aceña concluye que «la investigación del oro no se ha cerrado del todo». En cualquier caso, agotado el oro, el escaso crédito de la Hacienda republicana se esfumó.


Durante toda la dictadura franquista el «oro de Moscú» fue utilizado como arma de propaganda para deslegitimar a la Segunda República Española y para justificar el estancamiento económico de los años cuarenta y cincuenta —en repetidas ocasiones el propio general Franco aludió a que el oro fue «robado» por los «rojos» y entregado a Stalin— .

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