EL GOBIERNO DICE QUE ES CON IMPUESTO QUE SE MANTIENE LA ESTABILIDAD ECONOMICA, HIPOLITO Y MIGUEL DICEN QUE ES CON AUSTERIDADby Enildo Rodriguez on Wednesday, June 8-11
El Presidente de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Arturo Martínez Moya, pidió hoy al presidente Leonel Fernández que retire el paquete fiscal y en cambio reduzca el gasto del gobierno en 3%, lo que provocaría un ahorro de 9,500 millones de pesos.
“El PRD, Miguel Vargas M e Hipólito Mejía le dice a Leonel Fernández que retire el paquete fiscal y reduzca el 3% del gasto del gobierno y eso produce 9,500 millones”, expresó el dirigente político. Martínez Moya dijo que el pasado 15 de marzo el presidente Fernández habló al país y prometió que iba a reducir el gasto del gobierno en 12%, salvo Educación y Salud Pública, pero a su juicio no ha reducido nada.
“El PRD e Hipólito dicen que la estabilidad hay que mantenerla con austeridad y el gobierno dice que la estabilidad se mantiene con impuestos”, expuso el dirigente perredeísta.
Entrevistado en el matutino televisivo “El Bulevar con Pablo McKinney”, por CDN canal 37, el economista estimó que “el paquetazo es regresivo”, porque afectará a la gente de los barrios, a los pobres y a la clase media.
El gobierno sigue improvisando, y cada vez que se excede en gastar mas de lo que recauda recurrre a imponer mas impuestos AL PUEBLO en una accion deliberada y de muy mala impresion en su ejecuciones como administrador. Eso nos demuestra que el Gobierno no ejecuta buena y especificas politicas publicas al respecto. yo les voy a dejar mi ensayo sobre el particular.
VEAMOS MI ENSAYO AL RESPECTO Y UN ENFOQUE DIFERENTE SOBRE CUAL DEBIERA SER LA RESPONSABILIDAD DE LOS POLITICOS Y EL GOBIERNO RESPECTO A UNA SITUACION INUSUAL.
Cualquier política pública responde a una estrategia deliberada de los
poderes públicos ante un problema, bien en fase embrionaria, bien
cuando ha adquirido notoriedad provocando inquietud o alarma social
según la gravedad de su repercusión.
En el primer caso, cuando elproblema se halla en ciernes, los poderes públicos disponen de más tiempo para el análisis, la ponderación de alternativas, la decisión de dar publicidad o mantener discreción sobre las medidas a adoptar; en cambio la urgencia requerida por la conciencia generalizada de las dificultades y la
virtual contestación social obligan a respuestas inmediatas que serán más
o menos eficaces en función de las posibilidades que haya de reconducir la
adversidad sobrevenida a un proyecto en fase de ejecución.
Sea la estrategia deliberada o emergente, los poderes públicos, al
formular políticas, han de tener en cuenta los colectivos afectados por la
decisión. En toda política pública concurren tres actores:
a) Los actores públicos que impulsan la política como estrategia
deliberada o estrategia emergente según sea un problema aún
no desarrollado o en pleno auge.
b) Los grupos (en el vocabulario del análisis de políticas públicas los
grupos objetivo) cuya conducta se considera políticamente como
la causa directa (o indirecta) del problema colectivo que la
política pública pretende resolver.
c) Los grupos o colectivos afectados negativamente por el
problema (en el vocabulario del análisis de políticas públicas los
beneficiarios finales) que, de modificar los grupos objetivo su
comportamiento mejorarían su situación.
De los recursos a los que puedan recurrir cada uno de estos actores
dependerá la definición del problema y la consiguiente implementación
así como su impacto.
Maquiavelo advirtió en el capítulo VI de El Príncipe (sobre los principados
nuevos) la dificultad que encuentra el dirigente con voluntad de cambiar
(introducir nuevos estatutos):
Pues el introductor tiene por enemigos a todos los que sacaron provecho
de los antiguos estatutos, y tiene por tibios defensores en todos los que se
aprovecharán de las nuevas disposiciones. Semejante tibieza nace, en
parte, del miedo a los adversarios, que sacaron partido de las antiguas
leyes, y en parte de la incredulidad de los hombres, que no creen
realmente en las cosas nuevas, si no se ha hecho de ellas una sólida
experiencia. De ahí resulta que, siempre que los que son enemigos tienen
ocasión de atacar, lo hacen por espíritu de partido, mientras que los otros
se defienden tibiamente, de modo que peligra el príncipe con ellos.
Quienes resultan perjudicados por la política se unen para oponerse a ella,
el espíritu de partido al que alude Maquiavelo propicia la acción colectiva
porque el daño o menoscabo se sufre ahora, de forma inmediata y afecta
a un interés específico lo suficientemente bien organizado como para que
presente una reacción bien articulada. El grupo objetivo identificado como
causante del perjuicio y que debe cambiar su conducta experimenta la
política como un coste concentrado y presente.
Por contra, los beneficiarios finales sienten los eventuales cambios positivos de la
decisión como beneficios difusos y futuros. Un beneficio futuro y difuso
difícilmente moviliza porque los costes de acción colectiva resultan muy
altos.
En realidad, al reparar analíticamente en una política concreta se constata
la esencia de la política: los poderes públicos deben ponderar los intereses
particulares y a corto plazo (grupos objetivo) a la luz del interés general y
el largo plazo (beneficiarios finales).
Estrategias deliberadas y estrategias emergentes
La formulación de un problema implica su definición. Dependiendo de la
mayor o menor concreción que admita la definición, podrá diferenciarse
también más o menos la fase de formulación de la fase de
implementación. Sin embargo conviene asumir que la entrada de un
problema social en la agenda de los poderes públicos y la política pensada
como respuesta, en fase de formulación, reviste inevitablemente carácter
provisional y tentativo.
Sería temerario y voluntarista que los poderes
públicos creyeran controlado y neutralizado un problema mediante el
diseño de un plan en condiciones de anticipar las consecuencias y efectos
de las decisiones públicas. En este punto es obligado relacionar
conocimiento y política. Nadie dispone de capacidad para conjurar la
incertidumbre del futuro, entre otras razones en política porque el
anuncio de una medida genera estrategias en los actores que, positiva o
negativamente, resulten afectados.
Cuando decimos nadie incluimos a los poderes públicos que no pueden invocar el imperium o la soberanía para obligar, de tal forma que la formulación de políticas se asemeje a una proposición científica enunciada bajo la cláusula ceteris paribus.
Ningún actor de los identificados en la formulación como afectados se mantendrá
pasivo y, a pesar de haber previsto su probable reacción, nunca se tendrá
seguridad de la estrategia finalmente articulada. Tampoco se podrán
prever las consecuencias en otros grupos en principio alejados de los
efectos inmediatos de la medida.
En resumen, la formulación de la política debe observar la forma de
hipótesis pero al mismo tiempo y, a pesar de la provisionalidad y a
sabiendas de la necesidad de su redefinición ante los efectos
preterintencionales, requiere impulso decidido.
También lo aconseja Maquiavelo: no hay actitud más patética que el arrepentimiento de lo no iniciado (más vale actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse).
Tanto en una estrategia deliberada como en una estrategia emergente, la
fase inicial de formulación de la política y la definición del problema
ofrecen la fragilidad (precariedad) y contingencia de una situación más
intuida y tentativa que precisamente acotada y delimitada pero también
facilita en ese estado de gestación incipiente encauzarla en una u otra
dirección. De nuevo Maquiavelo:
… teniendo precaución de que no ocurra ningún contratiempo en el
presente, se prevé todo contratiempo venidero y se evita, porque el
prevenir a distancia admite remedio, sin embargo si esperamos a que el
peligro se nos eche encima, es ya imposible aplicar remedio, porque el mal
se ha hecho crónico.
Sucede entonces en estos casos algo parecido a lo que dicen los médicos
de lo que compete a su profesión, que en el principio de la enfermedad
ésta es fácil de curar y difícil de diagnosticar, pero si pasa el tiempo, no
habiéndola ni diagnosticado ni medicado, aparece como fácil de
diagnosticar, pero difícil de curar.
No obstante la complejidad para definir problemas y formular políticas es
necesario disponer de estrategias, de entrada, estrategias deliberadas
pero también se ha de prestar atención a las seguras implicaciones y
eventuales alternativas que obliguen a reconsiderar o cambiar los
objetivos inicialmente planteados.
Este es el sentido de las estrategiase mergentes. Ambos supuestos, tanto en la previsión como en la reacción anticipada, se implican: solo cuando median estrategias deliberadas estaremos en disposición de apreciar las estrategias emergentes.
Una estrategia rígidamente deliberada, con planificación minuciosa, dificulta o
incluso impide el aprendizaje; una estrategia azarosamente emergente,
meramente reactiva, no propicia el control. En otros términos: en
ausencia de proyecto hay error sin ensayo, ni de un gran acierto, ni de un
gran fracaso se aprende, no se puede establecer relación entre la acción y
los efectos producidos.
El principio que asocia la estrategia deliberada y la estrategia emergente
es la estrecha conexión entre pensamiento y acción, entre formulación e
implementación de las políticas.
A efectos analíticos ambas fases en la elaboración de las políticas deben diferenciarse pero debe también quedar claro que la implementación obliga en una sociedad compleja a valorar los efectos imprevistos no como equivocaciones o fallos de una planificación mal diseñada, tampoco cabe interpretar las resistencias o contestación a la política como incapacidad de los demás actores. Ante situaciones no contempladas en la formulación de la política y aparecidas
al implementarla, los poderes públicos deben analizarlas y apreciarlas
como oportunidad, bien para mantener la estrategia, bien para
modificarla.
Ahora bien, la estrategia, la formulación de la política requiere gestionar la
inevitable tensión entre la estabilidad y el cambio. Ni estabilidad a
ultranza, ni despreocupada disposición al cambio. Para comprobar los
efectos de una política es necesario resistir la tentación de cambiarla ante
las primeras dificultades que se presenten, una vez formulada la política
debe aplicarse, nada más estéril que la continua redefinición de un
problema y la consiguiente alteración de la estrategia.
De nuevo, sin embargo, el matiz: las políticas no se ejecutan sine ira et oficio, con eficacia indiferente.
La reflexión anterior obliga igualmente a repensar las relaciones entre la
decisión política y su articulación jurídica, no se trata tanto de aplicar y
cumplir la ley cuanto de hacer efectiva la política y conseguir los objetivos
propuestos.
La estrecha conexión antes mencionada entre pensamiento y
acción, entre formulación e implementación de las políticas exige, de la
misma forma, replantear la creación y aplicación del derecho y, sobre
todo, a reconsiderar el procedimiento, en su visión convencional, como un
cauce simplemente instrumental para la toma de la decisión prevista en la
norma.
El procedimiento se vuelve una variable clave cuando nos hallamos ante
programas finales imposibles de regular mediante la estructura de un
programa condicional que enuncia la premisa y establece las
consecuencias a través de un razonamiento silogístico de adecuación del
caso particular a la regla general.
Es imposible que la ley predetermine, por ejemplo, cual es en cada caso la solución medioambiental más correcta, pero sí puede arbitrar un procedimiento para adoptar la mejor solución posible. El procedimiento excede con mucho el carácter de proceso, tributario de su tradicional función aplicadora, para adquirir
auténtica función creativa. Mediante el procedimiento, la ley no contiene
la decisión sino que decide cómo ha de decidir la administración.
La función creativa resulta incentivada por la obligación de intercambiar
información, la fijación de las reglas institucionales que permitan
organizar las interacciones procedimentales.
Obviamente este modo de proceder supone un salto cualitativo con respecto a los trámites administrativos que reducen la relación entre actores públicos y privados al derecho de audiencia como un requisito procesal.
En el vocabulario del análisis de políticas públicas, determinados autores
emplean la expresión Programa de Actuación Político Administrativo con
un significado análogo a lo que aquí se ha conceptualizado como
estrategia deliberada, en realidad sería la concreción de la formulación de
una política.
Estos mismos autores asumen que por preciso y bien
elaborado que esté un programa político administrativo no puede
reemplazar ni predeterminar en su totalidad la implementación, siquiera
sea porque, en teoría, la formulación de una política admite prescindir de
la interacción con los colectivos afectados pero no la implementación.
Tradicionalmente la creación y aplicación del derecho ha relegado el
procedimiento a un cauce instrumental para la ejecución, el cuestionamiento de la secuencia se traduce en el análisis y gestión de políticas públicas en el juego de la implementación (implementation game): de la visión top-down a la perspectiva bottom-up, del sentido descendente de una estrategia deliberada al sentido ascendente de una estrategia emergente. La implementación obliga a que la formulación de las políticas establezcan un marco de juego pero no marcan rígidamenteun proceso.
Esta innovadora concepción del procedimiento redefine también las
relaciones en el triángulo de actores implicado en cualquier política
pública.
El grupo objetivo, identificado como causante de una situación
insatisfactoria, que, como efecto de la política, debe cambiar su
comportamiento, vimos antes que experimenta la medida como un coste
concentrado e inmediato (presente) facilitador de la acción colectiva.
Lo habitual será que discreta o incluso confidencialmente se dirija a los
poderes públicos para, al menos, atenuar el impacto negativo de la
política. Ocurriría igual si, a instancia del propio grupo o por decisión
pública, la política la recibiera como beneficio concentrado.
En ambos casos y como contrapartida, los beneficiarios o perjudicados finales
sentirían los efectos de la política como coste o beneficio difuso y eventual
(futuro). La condición procesal del grupo objetivo como “interesado”
conduce la relación con los poderes públicos en términos de negociación,
si finalmente el intercambio negociador termina en acuerdo, tanto el
resultado como el proceso tendrán poca publicidad.
Sin embargo, la implementación concebida como juego interactivo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, extiende la condición de interesado a cualquier
ciudadano de tal forma que interés privado y derecho cívico diluyen sus
fronteras.
Un ejemplo claro de este salto cualitativo lo constituye laelaboración de una política local tan genuina como la elaboración de un plan de ordenación urbana. El grupo objetivo de los propietarios queda desplazado como actor privilegiado en su relación con las autoridades municipales por las asociaciones ciudadanas o incluso por los vecinos. Con la presencia de una pluralidad de actores invocando no tanto valores materiales (propiedad privada y beneficio económico) como
postmateriales (movilidad y transporte fluidos y medio ambiente sano), el
intercambio entre actores deja de ser la negociación y se acerca a la
deliberación.
A partir de estas ideas:
1- habría que elegir una política donde se calificara e anticipada o
reactiva;
2- identificar beneficios y perjuicios para distintos colectivos;
3- relacionar adecuadamente las nociones de estrategia deliberada y
emergente;
4- tener claro la necesidad de distinguir entre formulación e
implantación de políticas, y al mismo tiempo, tener conciencia de la
imposibilidad de separar en la realidad lo que admite distinción a
nivel conceptual y analítico;
5- reflexionar sobre el aprendizaje de la prueba ensayo-error y la
eventual redefinición del problema;
6- para que una estrategia sea consistente exige el respaldo político
de una buena idea y que sea operativamente viable.
En este sentido, la dirección política debe ponderar si cuenta con una
función directiva en condiciones se posibilitar que gente no experta
dirija a gente experta, gente legitimada con sufragio universal dirija
a gente legitimada por mérito y capacidad. Visto desde otro ángulo,
el problema estaría en contar con personal dispuesto a colaborar en
la implementación de la política.
