UNA PUBLICACION DE FUENTES EXTERNAS- UNA NOTICIA DEL DIARIO USA TODAY
Cortesia del blog educativo de Noticias del Lic. Enildo Rodríguez Núñez MBA PhDP-
COORDINACION INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES EN REDES E INFORMATICA
Por John Fritze,
EE.UU. HOY
jueves., 13 de enero de 2022
WASHINGTON – El jueves, la Corte Suprema detuvo la aplicación de uno de los esfuerzos característicos del presidente Joe Biden para combatir el COVID-19 y dictaminó que su administración no tiene la autoridad para imponer requisitos de vacunas o pruebas a los empleadores que habrían cubierto a decenas de millones. de americanos
La opinión sin firma, que se produjo días después de que los jueces escucharan los argumentos en la apelación de emergencia, marcó la segunda vez que el tribunal supremo del país deshizo una política pandémica de la administración Biden, y nuevamente concluyó que los funcionarios federales excedieron el poder que les otorgó el Congreso. El tribunal bloqueó la moratoria de desalojo de Biden en agosto y dictaminó que también fue una extralimitación.
La cuestión en el caso del lugar de trabajo era si la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional tenía el poder de imponer los requisitos bajo una ley de 1970.
“Aunque el Congreso indiscutiblemente le ha dado a OSHA el poder de regular los peligros laborales, no le ha dado a esa agencia el poder de regular la salud pública de manera más amplia”, escribió la corte. "Exigir la vacunación de 84 millones de estadounidenses, seleccionados simplemente porque trabajan para empleadores con más de 100 empleados, ciertamente cae en la última categoría".
La decisión provocó la disidencia de los tres jueces liberales de la corte.
"Desde nuestro punto de vista, la orden de la corte aplica gravemente mal los estándares legales aplicables", escribió el juez asociado Stephen Breyer en una opinión a la que se sumaron los jueces asociados Sonia Sotomayor y Elena Kagan. "Y al hacerlo, obstaculiza la capacidad del gobierno federal para contrarrestar la amenaza sin precedentes que representa el COVID-19 para los trabajadores de nuestra nación".
El tribunal, en una segunda opinión sin firmar, autorizó la vacunación obligatoria de las personas empleadas en centros de atención médica que reciben fondos federales a través de Medicare y Medicaid. Esa medida afecta a unos 10 millones de trabajadores.
“Los desafíos que plantea una pandemia global no permiten que una agencia federal ejerza un poder que el Congreso no le ha conferido”, escribió el tribunal en la opinión separada. "Al mismo tiempo, tales circunstancias sin precedentes no brindan motivos para limitar el ejercicio de las autoridades que se ha reconocido que tiene la agencia durante mucho tiempo".
El gobierno, dijo el tribunal, parecía tener esa autoridad, al menos cuando se trata de exigir cambios en el lugar de trabajo para la atención médica que paga.
Cuatro de los jueces conservadores de la corte discreparon.
“Estos casos no tienen que ver con la eficacia o la importancia de las vacunas contra el COVID-19”, escribió el juez asociado Clarence Thomas. "Solo se trata de si (la administración) tiene la autoridad legal para obligar a los trabajadores de la salud, coaccionando a sus empleadores, a someterse a un procedimiento médico que no quieren y no pueden deshacer".
A Thomas se unieron los jueces asociados Samuel Alito, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett.
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No quedó claro de inmediato qué opciones, si las hay, tiene la administración Biden para responder al fallo. En un comunicado, el presidente dijo que estaba "decepcionado" y que "ahora depende de los estados y los empleadores individuales determinar si hacer que sus lugares de trabajo sean lo más seguros posible para los empleados".
Los funcionarios del Departamento de Trabajo no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Biden anunció políticas en noviembre que cubren a empleadores con más de 100 trabajadores, sitios de salud y contratistas federales. Los grandes empleadores estaban obligados a establecer vacunas o programas de pruebas semanales o enfrentar sanciones de casi $14,000 por infracción.
El fallo en el caso de los grandes empresarios fue aclamado por grupos conservadores y empresariales que interpusieron las demandas.
"Los estadounidenses ya han perdido demasiado por esta enfermedad, todos queremos que termine esta pandemia, pero es fundamental que no perdamos nuestra Constitución también", dijo el fiscal general de Ohio, Dave Yost, uno de los funcionarios republicanos que impugnó la regla patronal.
Otros dijeron que les preocupan las implicaciones mucho más allá de la pandemia si dificulta que las agencias federales respondan a una emergencia.
“La corte está destruyendo la capacidad misma del gobierno federal para proteger a los estadounidenses”, dijo Lawrence Gostin, profesor de leyes de salud global en la Universidad de Georgetown. "Los jueces están anulando décadas de precedentes que defendían los poderes federales de salud pública".
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