martes, 25 de septiembre de 2012

EL DISCURSO DEL PRESIDENTE DANILO MEDINA ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

Discurso del presidente Danilo Medina ante la Asamblea General de la ONU Discurso del presidente Medina Noticias RelacionadasMedina pide ante la ONU variar indicadores para medir la pobreza Excelentísimo Señor Vuk Jeremic, Presidente del Sexagésimo Séptimo Período de Sesiones de la Asamblea General; Excelentísimo Señor Ban Ki-Moon, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas; Excelentísimos Señores y señoras Jefes de Estado y de Gobierno; Excelentísimos Señores Embajadores; Señores Ministros y demás Jefes de Delegaciones; Damas y Caballeros: Expresamos nuestra cálida felicitación al señor Vuk Jeremic, por su elección como Presidente del Sexagésimo Séptimo Período de Sesiones de la Asamblea General. Asimismo, expresamos nuestro regocijo porque el debate general, en esta oportunidad esté dedicado a considerar entre otros temas la “promoción del crecimiento económico sostenido y del desarrollo sostenible de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y las recientes conferencias de las Naciones Unidas”. Desde que adoptamos la Declaración, los Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio, la imagen del desarrollo ha quedado vinculada a la reducción de la pobreza, y al desarrollo de capacidades y oportunidades para las poblaciones vulnerables. La mayoría de nuestros países en desarrollo han logrado avances significativos, hasta que en el 2007 se inició la crisis financiera que afecta la economía mundial y amenaza con neutralizar los logros alcanzados. Vivimos una época de crisis simultáneas. La crisis ecológica amenaza la mayoría de las plantas y animales, el calentamiento atmosférico amenaza las poblaciones costeras y países ubicados en pequeñas islas. El crecimiento desordenado de las poblaciones amenaza superar la capacidad de renovación de nuestra naturaleza. Asistimos a una crisis de los valores que tradicionalmente han ordenado el comportamiento de la humanidad. La guerra y los conflictos armados amenazan el derecho a la diversidad cultural, ideológica y política, y a vivir en paz y con solidaridad. Nosotros, los países en vías de desarrollo, no ocasionamos la crisis financiera mundial. Esta crisis fue provocada por la falta de aplicación de regulaciones efectivas en el sistema financiero internacional, así como por la arrogancia, la codicia y el afán desenfrenado de acumulación de riquezas. En el contexto de esta crisis han resurgido viejos debates sobre la mejor forma de afrontarla. Si reduciendo la inversión y la protección social de las poblaciones, o por el contrario, reforzándola, convirtiendo las políticas anti cíclicas de inversión social, en la palanca para reanimar las economías, y también acerca de cómo medir la pobreza y el desarrollo y conocer el impacto social de las medidas adoptadas. Si por el nivel promedio de ingresos o por la disminución de las desigualdades sociales y mejoramiento de la calidad de vida. Los países del tercer mundo cuyas economías han tenido un mejor desempeño y mostrado menor vulnerabilidad en este contexto de crisis mundial, han sido aquellos que comprendieron oportunamente que invertir en la formación de capital humano, en el mejoramiento de la calidad de vida de sus poblaciones, es el mejor camino para reducir dicha vulnerabilidad y mantener el crecimiento económico. Sr. Presidente, La economía ha de estar al servicio de las personas, no al revés. En este debate sobre el desarrollo, debemos reafirmar que como poblaciones y como gobernantes hemos aprendido, por vía de la experiencia muchas veces dolorosa, que la equidad y la sostenibilidad constituyen requisitos esenciales para asegurar un crecimiento económico sostenido y sostenible. Hoy sabemos que no basta el crecimiento económico para reducir las inequidades sociales y mejorar la calidad de vida de las poblaciones, ni es correcto sacrificar nuestras poblaciones con la esperanza de que un crecimiento de la economía derramará eventualmente sus beneficios sobre todos, y reducirá las desigualdades sociales, expectativa que generalmente no se ha cumplido. Por el contrario, la experiencia demuestra que mejorando la calidad de vida y reduciendo la pobreza y la exclusión social se puede estimular un crecimiento económico sano. En un contexto de crisis e incertidumbre internacional, necesitamos reducir las desigualdades sociales nacionales e internacionales, incrementando además la cohesión social y fortaleciendo la gobernabilidad democrática. También conocemos que el crecimiento económico que no considera los límites de la naturaleza y las necesidades de las próximas generaciones, conlleva el riesgo de un inminente colapso. Necesitamos una revisión de las ideas sobre el desarrollo que han predominado en el sistema financiero internacional. Equidad y sostenibilidad son dos caras de una misma moneda con la que debemos abonar al desarrollo humano. Esta visión coincide con las declaraciones internacionales sobre desarrollo sostenible, como las de Estocolmo (1972), Río de Janeiro (1992) y Johannesburgo (2002), que promueven los tres pilares del desarrollo sostenible: equidad ambiental, equidad económica y equidad social. Desarrollo implica proteger los sistemas ambientales, elevar la capacidad productiva de bienes y servicios, y reducir las desigualdades sociales elevando la calidad de vida de todos y todas, multiplicando las capacidades y oportunidades. Señor Presidente, Hoy somos más de 7,000 millones de personas las que habitamos el planeta. El 43%, es decir unos 3,000 millones, son menores de 25 años. Demandamos invertir para que nuestra juventud tenga las capacidades y las oportunidades para afrontar con creatividad las tareas y desafíos que caracterizan nuestras sociedades. Durante muchos años, el desarrollo de los países ha sido evaluado por entidades financieras internacionales, utilizando como indicador alguna medida de la renta o de la producción nacional expresada en términos per cápita, con el que se identificaba el estado de bienestar material. Nuestro país, la República Dominicana, con base en este tipo de mediciones, ha sido clasificado en los últimos años, como de ingreso Medio Alto. Sin embargo, más de la tercera parte de nuestra ciudadanía se mantiene en condiciones de pobreza. Entonces, ¿cómo excluir a países como los nuestros de la ayuda al desarrollo? Igualmente, para fines de comparación internacional, la pobreza ha sido medida con base al ingreso, considerando pobres aquellas familias que viven con menos de 2 dólares americanos diarios y en extrema pobreza con menos de 1.25 dólares por día, en ambos casos ajustados según el poder adquisitivo. De acuerdo con estos criterios, se concluye que a nivel mundial unos 2,036 millones de personas son pobres, o sea, el 33% de la humanidad, y que la pobreza extrema habría descendido en al año 2005 a 1,400 millones de personas, estas mismas mediciones proyectan que para el año 2015 solo 883 millones vivirán en pobreza extrema. El optimismo de estas mediciones internacionales no parece coincidir con la percepción de muchos de nuestros conciudadanos, quienes sienten que el crecimiento del Producto Interno Bruto no expresa sus carencias y desesperanzas. Ni con el malestar de la juventud que aun habiendo elevado su nivel educativo no consigue un puesto de trabajo digno, ni oportunidades para impulsar sus ideas de negocios. Esta discrepancia entre el optimismo de algunas mediciones internacionales y el malestar de nuestras calles, se puede entender por el uso de indicadores inadecuados para medir pobreza, desarrollo y bienestar. Al menos en la República Dominicana, resulta difícil admitir que la calidad de vida y las oportunidades de mejorarla, de una persona con ingresos de 2 dólares diarios, o incluso con tres o cuatro dólares, difiera considerablemente de otra cuyo ingreso sea unos centavos menos. La pobreza en una familia y en una comunidad es mucho más que la falta de ingresos con respecto a un umbral predeterminado, al igual que el desarrollo de un país, es mucho más que la magnitud de sus ingresos promedio. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó en 2010 que 81 millones de los 620 millones de jóvenes de 15 a 24 años de edad de todo el mundo, económicamente activos equivalente al 13% de ese grupo de edades, estaban desempleados el año anterior, debido mayormente a la crisis financiera y económica mundial. Entre 2007 y 2009, la tasa mundial de desempleo de los jóvenes experimentó el mayor aumento jamás registrado: desde 11,9% hasta 13,0%. Las mujeres jóvenes han tenido más dificultades que los jóvenes varones para encontrar trabajo. Los resultados, en términos de salud, educación, mortalidad materna e infantil, muestran las limitaciones de este enfoque unilateral y extremadamente optimista, sobre la pobreza y el desarrollo. No en vano algunos académicos han considerado que “estamos especulando con el destino de nuestro planeta mediante “juegos” en los que pocos agentes privados cosechan los beneficios y la sociedad paga las consecuencias. Un sistema que permite resultados como este, está destinado a administrar de manera incorrecta los riesgos”. Las inversiones sociales en la educación, la salud y el empleo de los jóvenes pueden fundamentar una fuerte base económica, a fin de contrarrestar la transmisión de la pobreza de una generación a otra. Al fortalecer las capacidades de los jóvenes se crean las condiciones para que obtengan mayores ingresos durante su lapso de actividad económica. La manera como entendemos y medimos la pobreza se traduce en decisiones sobre políticas nacionales e internacionales. Asumir que la pobreza y el subdesarrollo son expresión tan solo de ingresos familiares o promedios nacionales, ha conllevado a políticas sociales limitadas a la asignación o transferencia de recursos, para elevar temporalmente los ingresos de las familias empobrecidas por encima de la así llamada “línea de pobreza”, sacrificándose las posibilidades de desarrollar sistemas de servicios públicos más efectivos y con calidad, de carácter universal, que alcancen, como derecho, a quienes han sido tradicionalmente excluidos. Ya Adam Smith, padre del liberalismo económico, en su definición de pobreza incluía aspectos sociales y culturales como “la capacidad de estar en público sin sentirse avergonzado”. Más recientemente el premio nobel en economía Amartya Sen nos habla del Desarrollo como Libertad. En este sentido ampliar nuestro concepto de pobreza incorporando dimensiones participativas, de inclusión social, y de necesidades básicas insatisfechas, nos permitirá desarrollar respuestas más integrales y efectivas. La pobreza es un fenómeno multidimensional, un sistema complejo de problemas que requiere un enfoque sistémico de soluciones que conduzcan a ampliar las capacidades, la libertad y las oportunidades, a quienes han sido tradicionalmente excluidos. Las inversiones en el desarrollo de sistemas de educación y de salud con calidad universales, la protección social universal, el acceso a puestos de trabajo y a ambientes residenciales dignos, la seguridad personal y de los bienes, entre otras, constituyen elementos esenciales para ampliar las capacidades y oportunidades de las poblaciones empobrecidas. Reducir la pobreza es la palanca básica para impulsar el crecimiento de la producción de bienes y servicios y desatar dinámicas espirales de crecimiento y desarrollo. Medir el desarrollo de los países exclusivamente con base en la renta nacional per cápita, conduce a decisiones que impactan de manera negativa en nuestros esfuerzos de desarrollo. Cuando un país es clasificado según estos criterios simples, se reducen los aportes de la cooperación internacional, y se tienden a dificultar o encarecer el acceso a préstamos, en la banca internacional. Como países en desarrollo también necesitamos asumir nuestra cuota de responsabilidad. A nivel interno debemos mejorar nuestros sistemas de información de manera que demos mejor cuenta de las inequidades sociales, territoriales y de género, así como del impacto sobre la naturaleza. Igualmente debemos reorientar nuestros patrones de inversión y nuestras políticas públicas para promover la equidad y la inclusión social de los grupos más vulnerables. Para lograrlo necesitamos del concurso de la comunidad internacional. No puede ser que un país deje de recibir ayuda para el desarrollo, solo porque el promedio de la renta nacional ha superado cierto umbral arbitrariamente definido. En América Latina existe una larga experiencia en la búsqueda de mediciones de la pobreza y el desarrollo, de carácter multidimensional. Desde mediados del pasado siglo, la CEPAL desarrolló una metodología basada en Necesidades Básicas Insatisfechas. Muchos de los países han aplicado Índices compuestos de carácter multidimensional. En la República Dominicana utilizamos un Índice de Calidad de Vida, adaptado a nuestra realidad. El PNUD ha aplicado el Índice de Desarrollo Humano, y varios otros Índices han sido propuestos a nivel internacional. Sin embargo, la mayoría de los organismos del sistema financiero internacional continúa utilizando preferentemente las mediciones unidimensionales y centradas en el ingreso monetario, para medir y catalogar el desarrollo de nuestros países y para definir políticas sobre las condiciones de acceso a la cooperación financiera Internacional. Queremos aprovechar la oportunidad de esta asamblea Señor Presidente, para Reclamar que los organismos financieros internacionales asuman con mayor entusiasmo y comprensión, nuestros esfuerzos, para romper el círculo vicioso de la pobreza y la exclusión social, como base para el desarrollo. Necesitamos que asuman indicadores más enriquecidos, con mayor capacidad de captar y medir la compleja dinámica del desarrollo humano. De lo que se trata es de trabajar juntos para superar la exclusión; no para mantener de manera indefinida la pobreza y la pobreza extrema. Señor Presidente, La República Dominicana reitera su firme compromiso con la paz, la tolerancia y la convivencia internacionales, así como con la democracia y la libertad, como componentes básicos del desarrollo. Aspiramos a que el desarrollo sostenible sea el enriquecimiento de la vida cotidiana de las personas, de las familias y de las comunidades y países, así como la defensa de nuestros recursos naturales. La paz, la superación de las desigualdades sociales, la sostenibilidad ambiental, y el crecimiento sostenido de nuestras capacidades para la producción de bienes y servicios requeridos por nuestras poblaciones, van de la mano y están en la esencia del desarrollo. Muchas gracias.

martes, 4 de septiembre de 2012

EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERO Y FISCAL QUE HEREDA DANILO MEDINA DEL PRESIDENTE FERNANDEZ; UN DEFICIT INMANEJABLE, UN CAOS

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Desde hace varios años, reputados profesionales de la economía y los negocios advertían sobre la insostenibilidad de las finanzas públicas debido a los recurrentes y crecientes déficits fiscales que se venían generando desde el año 2008. La crisis de las materias primas ocurría en el mismo año de las elecciones presidenciales donde el pasado Presidente de la República logró la reelección subsidiando los bienes y servicios que aumentaban de precio en los mercados internacionales. Bajo la tesis electoralista del blindaje económico, el déficit del sector público consolidado pasó de RD$23,192 millones en 2007 a RD$69,788 millones en 2008. Esta cifra era tres veces superior a la del año anterior. Como porcentaje del PIB, el déficit pasó de 1.7% a 4.4%. Al referirse a este resultado, el economista e historiador Bernardo Vega señaló que: “la reelección había desguañangado la economía”. El Déficit del Sector Público Consolidado (DSPC) se obtiene al sumar el resultado del Sector Público No Financiero (SPNF) y el Sector Público Financiero (SPF), compuesto esencialmente por el déficit cuasi-fiscal del Banco Central. Balance del Sector Público Consolidado (2007-2011 y proyección 2012) (En millones de pesos) Fuente: Elaboración propia en base a Digepres y Bancentral. *Proyección 2012. Durante 2009, 2010 y 2011 se mantuvo la misma tendencia deficitaria en términos reales. El DSPC fue creciendo cada año desde RD$74,214 millones en 2009; a RD$77,318 millones en 2010; y RD$85,301 millones en 2011. Como porcentaje del PIB, los resultados anteriores representaron 4.4%, 4.1% y 4.0% respectivamente. La mayor parte del DSPC la representa el déficit del SPNF. El resultado del SPF, como porcentaje del PIB, se mantiene sin grandes variaciones debido a la reducción del pago de intereses de los certificados del Banco Central. Sin embargo, durante el presente año el DSPC podría alcanzar niveles nunca antes vistos. La proyección del déficit del SPNF para 2012 ronda los RD$110,000 millones. Al sumar a este resultado el déficit del SPF (alrededor de RD$25,000 millones) obtenemos la suma de RD$135,000 millones, equivalente a 5.9% del PIB. Los temores respecto a un nuevo ajuste tributario se hicieron realidad. El presidente Medina propone un pacto fiscal, designa una comisión de funcionarios gubernamentales para tales fines y convoca al Consejo Económico, Social e Institucional (CESI) para consensuar con la sociedad civil organizada la estructura fiscal que sustituirá a la actual. A menos de 24 horas de producirse la primera reunión del CESI, el gobierno anuncia la posposición indefinida de la convocatoria alegando que previamente debe hacer una consulta al Fondo Monetario Internacional (FMI) debido a que el pacto fiscal estaría bajo el marco de un acuerdo con dicho organismo crediticio. El legado fiscal: una maleta llena de facturas El Presidente Danilo Medina tomó posesión el pasado 16 de agosto en medio de una delicada situación fiscal. Durante el periodo enero-julio 2012 el gobierno había ejecutado el 71.48% del total de gastos presupuestados para todo el año. Los ingresos totales sólo habían sido ejecutados en un 53.82%. El déficit presupuestario estimado originalmente en RD$22,444 millones para todo el año, en siete meses alcanzaba los RD$78,220 millones para un incremento de 348.52%. Esto refleja la extraordinaria expansión del gasto público propia de los ciclos electorales. Los gastos corrientes habían sido ejecutados en 62.51%. Dentro de esta partida, destacan gastos de consumo por RD$73,522 millones y las transferencias corrientes en RD$63,053 millones, equivalente a 59.09% y 68.25%, respectivamente. Donde la irracionalidad fiscal alcanza su máxima expresión es en la ejecución de los gastos de capital. A julio de 2012 se habían ejecutado RD$93,837 millones, equivalente al 97.38% del presupuesto vigente. Dentro de esta partida, la inversión real directa era de RD$73,948 millones. Este resultado era superior en RD$2,820 millones a lo presupuestado. Estado Ahorro-Inversión-Financiamiento Enero-Julio 2012 (En millones de RD$) Fuente: Elaboración Propia en Base a Digepres y DGII. La inversión real directa tenía un nivel de ejecución de 103.96%. Esto significa que el gobierno para el resto del año se quedó sin recursos para obras de infraestructura, sólo le queda recurrir a más financiamiento. Es decir, emitir nuevas facturas. El nivel de endeudamiento requerido para construir obras de infraestructura pública es insostenible. Durante el periodo enero-julio, la ejecución de la deuda interna era de RD$21,311 millones, equivalente al 73.20%. A pesar del ritmo de crecimiento de la deuda interna, el vice-presidente de las Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) anunció que el gobierno se endeudaría con un pool de bancos locales en US$500 millones adicionales para pagar las facturas vencidas con los generadores eléctricos. Estos resultados evidencian el nocivo efecto que los ciclos electorales tienen sobre el bienestar de la sociedad. Referente Histórico Este difícil panorama fiscal trae a la memoria los acontecimientos que vivió el país durante el año 1990. El presidente Joaquín Balaguer impuso su reelección mediante la expansión del gasto público disparando los agregados macroeconómicos y generando la mayor crisis económica del país en términos de su impacto sobre el Producto Interno Bruto (PIB). La inversión en construcción de la administración 1986-1990 provocó la crisis económica de 1990. Al final del cuatrienio, la inversión en infraestructura pública era casi diez veces mayor que al comienzo. El crecimiento del gasto público generó un déficit fiscal inmanejable que se financió internamente con crédito del Banco Central. La oferta monetaria medida a través del Medio Circulante (M1) subió de RD$1,639.1 millones en 1985 a RD$8,304.8 millones en 1990. Al cierre de la década, la economía dominicana estaba inmersa en una de las crisis más grandes de su historia con una tasa de crecimiento económico negativa de 5.5% del PIB y la inflación anualizada alcanzaba el 80%. Indicadores Económicos Seleccionados 1986-1990(En millones de pesos) Años Construcción* PIB Real M1 TCO** Inflación 1986 399.0 3.5% 2,503.3 2.91 4.4% 1987 1,281.6 10.1% 3,102.6 3.85 22.7% 1988 2,068.6 2.2% 4,694.9 6.15 55.8% 1989 2,892.7 4.4% 5,911.7 6.97 34.6% 1990 3,685.4 -5.5% 8,304.8 11.13 79.9% Fuente: Bancentral*Inversión Pública en Construcción** Tipo de Cambio Oficial (RD$/US$) En un esfuerzo por buscar solución a la crisis, representantes de diferentes sectores de la sociedad iniciaron conversaciones, con la mediación de la Iglesia Católica, que culminaron con la firma del Pacto de Solidaridad Económica (PSE). La firma de este acuerdo estuvo precedida por encuentros entre empresarios, sindicatos organizados y el gobierno en la sede de Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en la capital. Contó con la efectiva participación del rector de esta institución académica quien priorizó por el consenso entre los participantes. El PSE contenía dos tipos de reformas: 1) reformas estructurales o cambios de largo plazo; y 2) políticas de estabilización de corto plazo destinadas a reducir la inflación y relanzar el crecimiento económico. Las reformas comenzaron a ejecutarse luego del pacto alcanzando mayor éxito las políticas de estabilización de corto plazo. Las reformas acordadas en el PSE estuvieron fundamentadas en las recomendaciones de organismos internacionales y de economistas locales respecto de la necesidad de cambiar el modelo económico que prevalecía hasta entonces. El cambio de un modelo anclado en el esquema de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) por otro más abierto al comercio internacional permitió que la economía dominicana tuviera una importante senda de expansión del PIB por más de una década. El Código Tributario aprobado en 1992 fue resultado del nuevo modelo económico y social. Se mantuvo sin grandes variaciones por casi una década hasta que la entrada en vigencia de los acuerdos de integración comercial obligó al rebalanceo de los aranceles con los impuestos internos. El nuevo desafío El Código Tributario fue una consecuencia del cambio de modelo, no la causa. Posteriormente, los “parches tributarios” han distorsionado los principios del sistema tributario dominicano. El desafió fiscal actual consiste en aprender de los aciertos y errores de nuestra historia institucional. La piedra angular del pacto fiscal propuesto por las autoridades debe ser el cambio en el modelo económico y social vigente. En esta oportunidad, la apuesta debe ser por un modelo que realice cambios en ambos lados de la ecuación fiscal. No se puede pedir a la ciudadanía mayores sacrificios sin que el gobierno mejore la calidad del gasto público. La mejora en la calidad del gasto debe ser parte integral del pacto con indicadores específicos que permitan a la ciudadanía medir el esfuerzo oficial. La mejor forma de lograrlo es mostrar mayores niveles de apertura y capacidad de diálogo social que las que tuvo la administración anterior. El presidente Medina es percibido como un político perseverante, respetuoso y frugal. Su carácter podría coadyuvar a un pacto económico y social que inaugure un nuevo modelo de desarrollo. Basta con emular los principios fundacionales de su organización política, específicamente aquellos atributos por los cuales pasó a la inmortalidad ética y política el profesor Juan Bosch, cuyo legado debe ser rescatado cuanto antes. El nuevo reto fiscal debe ser enfrentado con un mayor grado de pulcritud en el manejo de los recursos públicos. Una sociedad basada en derechos comienza con el respeto a los contribuyentes mediante un mejor uso de los ingresos tributarios y un mayor compromiso con el desarrollo humano.