CORRUPCIÓN/FRAUDES BANCARIOS
El pueblo ha pagado RD$109 mil millones y un déficit cuasifiscal de RD$178 mil millones
Participación Ciudadana difunde en un documento de 40 puntos los detalles del colapso bancario
Redacción de Clave Digital
lunes, 07 de noviembre de 2005
SANTO DOMINGO, DN.- Además de los 109 mil millones de pesos erogados por el Banco Central para el rescate de los tres bancos quebrados en el 2003, la denominada deuda cuasifiscal surgida para el salvamento bancario se incrementará en el 2006 a 178 mil millones de pesos, según un recuento de la organización Participación Ciudadana.
"Hasta que no se rediman los 148 mil millones de pesos en certificación colocados hasta ahora por el Banco Central” para el rescate de los bancos colapsados y para mitigar su impacto en la economía, “se seguirá generando un costo financiero adicional” y para el 2006 “se le agregarían unos 30 mil millones de pesos más a la deuda”, detalló el organismo cívico.
Al insistir en que “sólo el costo adicional anual de los fraudes (bancarios) duplica el monto consignado para educación en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gasto Público del año 2005”, Participación Ciudadana pide en un documento que será puesto a circular esta semana que “eso no puede olvidarse y no debe quedar impune”.
En el documento titulado “Cuestiones que debemos conocer y no olvidar sobre los fraudes bancarios”, Participación Ciudadana detalla, a través de 40 puntos presentados como preguntas y repuestas, las característica de los fraudes bancarios, los mecanismos emprendidos por el Estados para el rescate y el estatus judicial en el que se encuentran los involucrados.
“No podemos dejar que se borre de la memoria colectiva que esta crisis bancaria fue consecuencia de graves violaciones a la ley, que deben ser juzgadas y sancionadas por los tribunales de la República”, insiste el texto, al subrayar que los tres fraudes “seguirán gravitando por muchos años sobre la economía y la población” nacionales.
El rescate
Según el recuento elaborado con base en los informes oficiales y en el estudio presentado por un panel de expertos internacionales convocado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), “aunque originalmente se difundió la noticia de que el monto del fraude de Baninter era de sólo 55 mil millones de pesos, la realidad es que a ese banco le correspondieron 79 mil 406 millones de pesos”, de los 109 mil 150 millones destinados por el Bance Central para el salvamento.
El Banco Central destinó otros 23 mil 238 millones de pesos (21 por ciento del total) al Bancrédito, mientras al Mercantil correspondieron seis mil 509 millones de pesos.
Al explicar que el monto destinado para el rescate del Baninter era superior en cuatro veces al capital de esa institución, Participación Ciudadana denuncia que la asistencia financiera a los bancos que quebraron como consecuencia de los fraudes no fue legal, ya que “la Ley establece que los adelantos que puede otorga el Banco Central a los bancos con dificultades temporales de liquides no puede sobrepasar 1.5 veces su capital”.
Además de las presuntas ilegalidades cometidas por las autoridades mediante el rescate bancario, Participación Ciudadana recordó que, según el panel de expertos, “cualquier autoridad que estuviera pendiente del cumplimiento de sus responsabilidades (de los bancos) tenía que saberlo (los fraudes); los indicios fueron múltiples”.
Por ello, Participación Ciudadana destaca que el panel de expertos concluyó “que los responsables de la crisis no queden impunes, sean estos del sector privado o funcionarios públicos”, en referencia a las autoridades que manejaron la crisis.
Pese la recomendación del panel de expertos y las ilegalidades cometidas a través del rescate bancario, “hasta la fecha no se ha sometido a la Justicia funcionario oficial alguno de los responsables de la supervisión bancaria en el periodo en cuestión, de aquellos que autorizaron los adelantos o redescuentos o de los que aprobaron el rescate ilimitado de ahorrantes”.
Al referirse al impacto económico de los fraudes del Baninter, del Bancrédito y del Mercantil, Participación Ciudadana consideró que “es el caso de corrupción que más directamente ha afectado la vida cotidiana de la gente, pues, al decidir el Gobierno, cubrir el agujero con la emisión de miles de millones de pesos inorgánicos, ha obligado a sectores de todas las clases sociales a cargar con costos que no le correspondían”.
Y es que como recordó el organismo cívico, “para evitar una mayor inflación y devaluación (desatada tras la crisis bancaria) las autoridades monetarias decidieron recoger los pesos emitidos para el rescate bancario, vendiendo Certificados de Participación”, lo que significó un costo adicional de 40 millones de pesos, que se incrementará, debido a las tasas de interés, en otros 30 mil millones de pesos el año próximo.
De acuerdo con Participación Ciudadana, la única forma de detener el costo adicional del fraude, ya que ni la venta de los activos de los bancos es suficientes, “es redimiendo los certificados en la medida que se van venciendo”, pero destinando para ello recursos tributarios.
“Claro está que eso significa que el Gobierno Central tiene que desprenderse de recursos que podría dedicar a la educación, la salud, la seguridad social o a planes de viviendas para pobres”.
Los procesados
Cuando ya han pasado dos años desde el Banco Central denunció los fraudes del Baninter, el Bancrédito y el Banco Mercantil, apenas el 10 de octubre pasado la Corte de Apelación del Distrito Nacional envió a un tribunal criminal a los principales acusados del fraude del Baninter: Ramón Baéz Figueroa, Marcos Báez Cocco y Vivian Lubrano de Castillo, ejecutivos de la entidad bancaria, así como al consultor empresarial Luis Álvarez Renta.
En el caso del Banco Mercantil, una cámara de calificación envió a juicio criminal el 13 de junio del 2005 a Andrés Aybar Báez y a Evelyn Pérez Montandón y dictó no ha lugar a favor de los demás imputados, pero la Corte de Apelación también remitió a juicio criminal a Ronaldo Rafael Pichardo, Maribel Álvarez, Alma Dense Cañal Roldán, América Lissette Rodríguez, Mirtha Salazar de Luna, Juan Rafael Oller, Rafael Faxas-Flores y Juan Reyes Maríñez.
Los imputados en el caso Bancrédito son Manuel Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza, cuyo proceso se encuentra en primera instancia.
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